Perspectivas Económicas de America Latina 2012
En este capítulo se analiza la gestión pública en América Latina, una materia en que la región se enfrenta a importantes retos, como aumentar la calidad de la función pública e incrementar la transparencia en la gestión, dentro de un contexto de elevada centralización de la administración estatal. Tal como ocurre en otras latitudes, los Estados de la región disponen de recursos limitados para enfrentar grandes desafíos en materia de suministro de bienes, fomento de la equidad social, prestación de servicios sociales, redistribución de recursos y estabilización de la economía. Sin embargo, América Latina está en la actualidad mejor situada que nunca antes como para reformar su sector público y crear un Estado capaz de satisfacer las necesidades de desarrollo de los países. Esto requiere de la coordinación de distintas políticas públicas, así como de la utilización de recursos fiscales, la profesionalización del servicio público, el uso adecuado de las nuevas tecnologías y la movilización de distintos actores, públicos y privados.
Los países de América Latina y el Caribe han avanzado de manera notable en las últimas dos décadas en materia de orden de sus finanzas públicas. El aumento de los ingresos fiscales permitió reducir la deuda e incrementar el gasto en inversión productiva y programas contra la pobreza. La crisis reciente no ha interrumpido estos avances, dado que el espacio fiscal acumulado en los años de bonanza permitió financiar programas de estímulo fiscal similares a los implementados en países de la OCDE.
Sin embargo, persisten retos importantes para la región en materia fiscal, como los bajos niveles de impuestos directos personales, la limitada focalización del gasto público y el reducido tamaño de las transferencias, que explican el escaso papel de las finanzas públicas en la redistribución del ingreso. En la mayoría de los países de América Latina, los bajos ingresos fiscales representan un freno al desarrollo de un Estado moderno.
Avances en la institucionalidad fiscal de la región podrían permitir abordar estos retos. Se destaca en el capítulo la necesidad de estadísticas fiscales transparentes y de marcos fiscales que aseguren sostenibilidad, estabilización y objetivos de mediano y largo plazo. Todo esto podría articularse en torno a un pacto fiscal que refuerce la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos.
América Latina y el Caribe ha logrado recientemente en materia de cobertura, gasto y desempeño en educación crean espacios para plantearse nuevos desafíos. La tarea primordial para la región consiste en aprovechar el potencial de la educación como instrumento de igualdad de oportunidades, inclusión social y conformación de capital humano capacitado. Para ello muchos países han aplicado reformas para ampliar el acceso, calidad y gestión, con un rol central del Estado como regulador y proveedor de educación de calidad. En este capítulo se presenta un panorama sobre el estado del sector en la región y se plantea el papel de varias reformas para alcanzar este objetivo: políticas de descentralización, adopción de sistemas nacionales de evaluación, reformas de la educación superior y gestión del cuerpo docente. En el capítulo se discuten varias recomendaciones para el diseño e implementación de políticas: otorgar una mejor dotación para la gestión a instancias subnacionales, fomentar una población formada en el manejo de nuevas tecnologías, fortalecer la educación técnica y universitaria, adaptándola a las exigencias del sector productivo, consolidar los sistemas nacionales de evaluación y extenderlos más allá del ámbito de la escuela y promover la gestión del cuerpo docente a través de una verdadera profesionalización de la carrera pedagógica en términos de selección, evaluación e incentivos. Estos aspectos deben representar el foco central de las reformas en educación en los pr
En este capítulo se analizan las transformaciones que requiere el rol del Estado en la gestión de la infraestructura para aumentar la eficiencia y eficacia de la inversión pública y así apoyar el desarrollo económico y social de América Latina. La brecha entre América Latina y otras economías emergentes en materia de infraestructuras económicas, como las del transporte, telecomunicaciones, agua y energía, compromete seriamente el potencial de desarrollo económico y de cohesión social de la región.
Para ello, se plantea que una mayor inversión de recursos no será efectiva si no se modifica la forma como las políticas públicas sectoriales se conciben y ejecutan. Al analizar algunos aspectos de las políticas de dos tipos específicos de infraestructura, de transporte y de telecomunicaciones, en particular la relativa a la provisión en Internet de banda ancha, en el capítulo se sugiere que, para incrementar la efectividad de la intervención pública en el desarrollo de estas infraestructuras, el Estado debe mejorar el diseño de las políticas públicas a través de un esquema integral y sostenible, promoviendo un marco institucional y reglamentario claro para facilitar la participación del sector privado y la sociedad civil.
Tras un período de reformas estructurales orientadas a la apertura comercial y las exportaciones, América Latina ha vuelto a poner el foco de sus estrategias en la innovación y el desarrollo productivo. La región busca insertarse de manera exitosa en la economía del conocimiento y para lograrlo deberá avanzar hacia una mayor coordinación de sus acciones en estos ámbitos. Los cambios en los mercados mundiales y los nuevos paradigmas tecnológicos reconfiguran y tornan más complejos los espacios en que deben actuar los gobiernos, las empresas, los actores del campo científico y tecnológico y la sociedad civil. A pesar de estas dificultades, diversos países han logrado avances ingentes en este escenario a través de instituciones, metodologías y herramientas creadas para enfrentar el desafío de la innovación y el cambio tecnológico. A fin de afianzar estos logros y emprender acciones concretas, la región debe favorecer el surgimiento de nuevos modelos de gobernanza, una institucionalidad más fuerte y modelos de políticas públicas capaces de movilizar a los diversos actores de los sistemas nacionales de innovación y de la actividad productiva, para alcanzar un renovado compromiso del sector privado con las tareas de investigación y desarrollo e innovación.
