Un empleo relativamente fijo y seguro constituye casi una característica definitoria del estatus de los estratos medios del mundo en desarrollo.1 Esto tiene profundas implicaciones para el bienestar, ya que una paga regular encierra beneficios que van más allá del cheque mensual. Por ejemplo, es probable que las personas con una paga constante tengan mejor acceso al crédito; además, la mayoría de los sistemas de protección social, ya sea para prestaciones de desempleo, asistencia sanitaria o jubilación, son contributivos, y los estratos medios con empleo fijo son los que más probabilidades tienen de contribuir a dichos sistemas y de recurrir a ellos en caso de necesidad.

Pero la informalidad laboral sigue siendo elevada en América Latina y el Caribe, lo que interactúa con los sistemas de protección social contributivos, creando un círculo vicioso en el que los trabajadores informales debilitan esos sistemas al cotizar irregularmente, si cotizan, y se privan así de la debida protección en caso de necesidad.

Estos dos mundos –los trabajadores de los estratos medios y el sector informal– no se excluyen mutuamente. La existencia de hogares de los estratos medios informales debería ser un motivo de preocupación inmediato para las políticas públicas, ya que la escasa cobertura y los historiales de cotización irregular hacen pesar sobre este grupo un alto riesgo de movilidad social descendente. Incluso ciertos reveses a corto plazo, tales como el desempleo técnico o un periodo de enfermedad, pueden devolver permanentemente a la pobreza a los integrantes de este grupo en ausencia del debido respaldo público.

En consecuencia, este capítulo analizará el funcionamiento práctico de la protección social para los estratos medios latinoamericanos y examinará algunas de las respuestas políticas que implica. Para ello, se adoptará un enfoque general, centrado en las prestaciones por desempleo, el seguro de salud y las pensiones de jubilación como principales elementos de la protección social, aunque se estudiará asimismo detalladamente la forma en que el sistema de pensiones interactúa con la informalidad laboral, sobre la base de datos microeconómicos de Bolivia, Brasil, Chile y México del decenio que va hasta mediados de los años 2000.

Un primer resultado de este análisis confirma que la formalidad laboral (definida como el trabajo con contrato) es reducida, incluso entre los miembros de los estratos medios y acomodados. En consecuencia, las tasas de cobertura de pensiones son bajas en todos los países: van desde el máximo de Chile, que registra sólo un 60%, al exiguo 9.5% de la población activa de Bolivia. La cobertura por sectores es igualmente débil: cae de cerca del 75% de los trabajadores formales a menos del 7% de los trabajadores por cuenta propia agrícolas. Partiendo de estos resultados, se estudiará la forma en que las pensiones sociales y los sistemas con cotizaciones concurrentes definidas –ya implantados en algunos países de la región– podrían contribuir a mejorar la cobertura.