Informalidad en los estratos medios

Los intentos de explicar la limitada cobertura que brindan los sistemas de protección social latinoamericanos culpan a menudo a la dualidad de los mercados laborales de la región. Algunos autores llegan a equiparar el empleo formal al hecho de tener derecho a una pensión devengada por el trabajo.¹³ Por otra parte, la informalidad, en sentido amplio, se emplea a menudo para referirse de forma en cierto modo vaga a actividades llevadas a cabo fuera del marco legal o normativo.

Tras el término genérico de "informalidad", se esconden realidades muy diferentes, que van desde las claramente ilegales, como el tráfico o el contrabando de drogas, a intercambios de lo más comunes que, con todo, se producen fuera de entornos formales o contractuales, como sería, por ejemplo, la ayuda mutua entre vecinos. Un empleo es informal cuando "la relación de trabajo […] no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo" (OIT, 2003); dicho de otro modo, cuando no está ni contemplada ni amparada por el Estado. Por consiguiente, el empleo informal incluye no sólo numerosas formas de empleo por cuenta propia, sino también el empleo en empresas informales (ellas mismas excluidas usualmente de la inspección de trabajo y de los requisitos de protección social), así como el empleo no dado de alta en empresas formales o en hogares.¹⁴ Por tanto, el empleo informal es muy heterogéneo y no puede considerarse como una mera forma de subempleo.¹⁵

Un grupo de experiencias empíricas considerable y cada vez mayor pone en entredicho la óptica que pretende que los trabajadores informales quedan excluidos del sector formal únicamente como resultado de un mercado laboral segmentado (perspectiva de "exclusión").¹⁶ En particular, la constatación de que la movilidad entre el empleo formal e informal es relativamente densa en ambos sentidos parece indicar que al menos parte de la población del sector informal elige quedarse fuera de la economía regulada (perspectiva de "salida").

A la vista de lo anterior, puede resultar útil considerar que el empleo informal se subdivide en dos tramos.¹⁷ El tramo inferior incluye las categorías de empleos tradicionalmente asociados a la informalidad: la mayoría de los trabajadores por cuenta propia cuyas empresas no ofrecen perspectivas de crecimiento, y los empleados informales que esperan obtener puestos de trabajo formales. Por su parte, el tramo superior comprende a los trabajadores relativamente acomodados, incluidos los empleadores y empresarios del sector informal con capital productivo acumulado¹⁸ y ciertas formas de falso autoempleo.¹⁹ Al pasar de un tramo al otro, se producen costes de transición.

El reconocimiento de esos dos tramos, y la distinción entre salida y exclusión, debería formar parte del diseño de aquellas políticas que pretendan aumentar la cobertura de la protección social. La distribución de ganancias entre los trabajadores formales e informales es similar, de forma que existen trabajadores del tramo superior que optan por abandonar la economía formal y, por ende, las redes de protección social, aunque podrían permitirse cotizar debidamente. Por otra parte, la mayoría de los trabajadores del tramo inferior no pueden permitirse incorporarse a la protección social como trabajadores autónomos y tampoco se les ofrece la posibilidad de cotizar en función de la nómina. Es improbable que exista una política que se adapte a ambas situaciones, y la misma conclusión puede aplicarse a las políticas de pensiones para estos dos grupos (ciertamente simplificados).

A efectos del presente análisis, el empleo formal se definirá como aquél sujeto a un contrato escrito o un documento que certifique el derecho a la protección social mediante el estatus de empleado (como la carteira de trabalho brasileña). Recurrir a la existencia de un contrato de trabajo para determinar la formalidad facilita la comparabilidad, puesto que refleja una forma de regulación común a los países latinoamericanos: la obligación de formalizar y registrar una relación laboral.²⁰

Otra opción hubiese sido contabilizar los trabajadores cubiertos por los regímenes de protección social. Sin embargo, este dato es menos comparable entre países y adolece de potenciales indeterminaciones como resultado de la desvinculación de prestaciones sociales. El amparo de la salud, los riesgos profesionales, la vejez, la maternidad o el desempleo puede proporcionarse por separado, y la cobertura de los trabajadores puede diferir de una dimensión a la otra, pudiendo ser formales en una pero informales en otras. Y este aspecto es particularmente válido en el caso de la cobertura de pensiones, uno de los principales resultados que se pretende analizar aquí.

Una vez definida, pues, la formalidad, es preciso subdividir el empleo informal con el fin de poner de manifiesto los diferentes comportamientos del mercado laboral y del seguro social que encierra.

En numerosos países de la región, los trabajadores por cuenta propia no tienen la obligación de darse de alta o de contribuir a la seguridad social o a los sistemas de pensiones. Por lo tanto, el primer grupo estará constituido por los trabajadores por cuenta propia, a los que, en su conjunto, se considerará como informales o, al menos, como no formales;²¹ este grupo se ha subdividido por sectores económicos (agrícola o no agrícola) y por nivel educativo (a fin de identificar a los profesionales independientes). Los trabajadores por cuenta ajena (empleados) completan el cuadro, subdivididos igualmente en agrícolas y no agrícolas. En resumen, esto da lugar a seis categorías: trabajadores formales, trabajadores por cuenta propia con educación terciaria terminada (profesionales), empleados informales no agrícolas, trabajadores por cuenta propia no agrícolas, empleados informales agrícolas y trabajadores por cuenta propia agrícolas. Aunque las motivaciones, rentas y legislaciones laborales aplicables a cada categoría son diferentes, este marco más matizado, pero práctico, permite analizar más adecuadamente los problemas que plantea la informalidad para la protección social.

La gráfica 2.3 recoge la descomposición de cada grupo social (desfavorecidos, estratos medios y acomodados) en esas seis categorías, empleando datos de las últimas encuestas nacionales de hogares disponibles, para cuatro países: Bolivia, Brasil, Chile y México.²² Esta muestra representa una buena combinación de aspectos específicamente nacionales y de consideraciones regionales, y refleja todo el espectro de niveles de informalidad de la región (desde el relativamente bajo de Chile al elevado de Bolivia) y las principales formas de sistemas de pensiones (desde el sistema público de reparto de Brasil a los sistemas privados basados en cuentas de capitalización individual).

La definición de los estratos medios es la definición 50-150 elegida en el capítulo 1, es decir, aquéllos con rentas comprendidas entre el 50% y el 150% de la mediana de los ingresos ajustada. Desfavorecidos y acomodados se encuentran, respectivamente, por debajo y por encima de esos límites. Los estratos medios representan cerca del 50% de la población activa; los desfavorecidos, aproximadamente el 20%; y los acomodados, el 30% (con la notable excepción de Bolivia, donde la proporción es casi de un tercio por categoría social).

Por lo general, y como cabía suponer, el tamaño de la población activa formal aumenta con el nivel de ingresos. Sin embargo, la gráfica evidencia dos importantes facetas de la informalidad en los estratos medios. En primer lugar, el número absoluto de trabajadores informales de los estratos medios es elevado; de hecho, salvo en Bolivia, los estratos medios conforman los grupos de ingresos a los que pertenece el mayor número de trabajadores informales. En segundo lugar, la proporción de estos trabajadores en este grupo social también es alta: en todos los países, salvo en Chile, hay más trabajadores informales que formales en los estratos medios.

Ahondando en el análisis, la composición de la población activa informal varía de una categoría de ingresos a la otra, lo que refleja la heterogeneidad del trabajo informal. Bolivia constituye el ejemplo más nítido, ya que en este país la mayoría de las personas desfavorecidas con empleo son trabajadores por cuenta propia en actividades agrícolas con un rendimiento de subsistencia.

Los trabajadores por cuenta propia están presentes en todos los grupos de ingresos de todos los países, lo que refleja una diversidad de la que no rinden cuenta nuestras seis categorías de empleos. Los trabajadores por cuenta propia con estudios se encuentran mayoritariamente en el grupo acomodado –lo que indica su mayor potencial para obtener ingresos–, salvo, de forma algo sorprendente, en Brasil.

Por otra parte, suele pensarse que aquellos trabajadores informales que están enmarcados en una relación laboral conforman un grupo particularmente en desventaja, al que se considera excluido de la protección social no por decisión propia, sino por la de su empleador, aunque en la práctica se trate a menudo de una decisión conjunta.²³ El hecho de que haya empleados informales incluso en el grupo acomodado parece señalar que las disposiciones de la legislación laboral en materia de seguridad social pueden estar teniendo una aplicación limitada en la práctica.

En total, en los cuatro países latinoamericanos considerados, 44 millones de los 72 millones de trabajadores de los estratos medios son informales. Por lo tanto, la informalidad laboral es en gran medida asunto de los estratos medios. Sigue siendo uno de los principales factores que se esconden tras la cobertura por jubilación relativamente baja de este grupo –y constituye un indicador esencial de la pobreza potencial de muchos de los hogares de los estratos medios actuales–.