El conjunto de instituciones, normas y reglas que determinan la forma de gestionar los organismos y recursos humanos del Estado tiene un papel central en el desarrollo de los países. En este capítulo se analiza la gestión pública en América Latina bajo el prisma de las funciones que asume el Estado. Estas no difieren demasiado de las que tiene en los países de la OCDE, entre ellas el suministro de bienes públicos, el fomento de la equidad social, la prestación de servicios sociales, la redistribución de los recursos y la estabilización de la economía (sección 2.2). En general, lo que diferencia al Estado de los países latinoamericanos de los de los países desarrollados es la magnitud de las necesidades que debe enfrentar y la escasez de recursos disponibles, lo que abre un desafío de una envergadura y complejidad muy superior para la región. Entre los principales desafíos que enfrenta la región se destacan: cómo aumentar la calidad de la función pública y la burocracia y elevar la transparencia de la gestión pública, en un escenario de centralización relativamente elevada (sección 2.3). Los encargados de formular las políticas en América Latina deberían estar especialmente conscientes de los costes a corto plazo de afrontar estos desafíos en contraste con los beneficios de largo plazo de la reforma del sector público, sin que existan atajos para impulsar un sector público eficaz, eficiente y transparente (sección 2.4).

Los países de América Latina están hoy bien situados para reformar el sector público y construir Estados que satisfagan sus necesidades de desarrollo. Las economías de la región están creciendo, se redujo la volatilidad de las finanzas públicas y el peso del servicio de la deuda externa disminuyó, y se han producido avances significativos en políticas públicas en el ámbito social, de infraestructura y de desarrollo productivo. El afianzamiento de las instituciones democráticas y el desarrollo tecnológico han posibilitado que emerjan nuevas oportunidades para la mejora de la gestión pública. Todo esto, sin embargo, no debe inducir a la complacencia o a minimizar la magnitud de los retos que enfrentan los países de la región.

Más allá de las diferencias entre países, la creación de Estados que satisfagan las necesidades de desarrollo en la región debería prestar especial atención a varios ámbitos de política pública (sección 2.5). Estos elementos fundamentales en una agenda de reforma del Estado en América Latina comprenden: i) mejoras en la movilización de recursos fiscales; ii) un servicio público profesional; iii) la movilización de distintos actores; iv) un uso adecuado de las nuevas tecnologías, y v) favorecer mecanismos de apertura y transparencia del gobierno. En torno a estos elementos es posible organizar mecanismos de diálogo interregional que difundan buenas prácticas e identificar lecciones aprendidas. En todos estos aspectos, a los organismos internacionales les cabe un importante papel, sobre todo en la articulación de estas redes y la promoción y difusión de las reformas. Junto con la necesidad de emprender reformas fiscales que amplíen los recursos del Estado para cumplir con sus responsabilidades, se requieren esfuerzos adicionales en materia de gestión presupuestaria, recursos humanos, acceso y funcionalidad de sistemas de gobierno electrónico, información, transparencia e integridad de la administración pública. El uso limitado de evidencia en la toma de decisiones presupuestarias en América Latina exige generar nuevos sistemas de gestión presupuestaria basada en los resultados. A su vez, estos sistemas requieren de mecanismos de seguimiento y evaluación capaces de producir información oportuna y pertinente sobre resultados y adaptar los procesos presupuestarios para que utilicen esta información en la toma de decisiones.

Dado que el Estado depende crucialmente de su personal para cumplir sus funciones, América Latina necesita profesionalizar la función pública. Un factor decisivo al respecto es distinguir entre las diversas funciones que ejercen los trabajadores del Estado y disponer de un régimen laboral adecuado a cada una, combinando los objetivos de mérito y flexibilidad según cada caso. El uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por parte del gobierno puede ayudar a que el sector público sea más flexible, ágil, transparente y tenga mayor capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad civil. Las tecnologías de la información son un mecanismo de comunicación bidireccional, capaz de facilitar trámites y también de ofrecer un espacio de participación a la ciudadanía, facilitando la adecuación de la administración pública.

También resulta necesario fortalecer la confianza ciudadana en el Estado. Algunas soluciones abarcan una combinación de instrumentos públicos y privados, que los países podrían emplear para reducir el riesgo de desconfianza en la administración pública. Entre estas destacan las declaraciones de interés, los sistemas de acceso a la información y los códigos de ética. Además, los países latinoamericanos pueden beneficiarse con la participación de varios actores de política pública y de partes interesadas. Para brindar servicios públicos de forma más eficaz y eficiente, los gobiernos podrían combinar sus insumos, políticas y conocimientos con los de otros actores, como los agentes no estatales, las administraciones subnacionales y los proveedores comerciales de bienes públic.