En síntesis, durante la última década la agenda para el desarrollo productivo ha registrado un nuevo impulso en los países de América Latina. La innovación ocupa un papel central en las agendas de desarrollo en casi todos los países de la región, aunque este papel se observa más frecuentemente a nivel de debates y declaraciones que de asignación presupuestaria. La coyuntura económica global y de la región generan expectativas crecientes de impactos en el mediano plazo de las políticas para la innovación sobre el crecimiento y la competitividad en los mercados mundiales, así como sobre la capacidad de fortalecer los mercados internos generando más y mejores empleos.

El renovado interés en la innovación determina a su vez una renovada presión sobre los gobiernos de la región para elaborar y aplicar estrategias de innovación más eficaces y con el potencial de movilizar al sector empresarial, en especial en un contexto de elevada incertidumbre en relación a la dinámica y evolución de los mercados mundiales. Al mismo tiempo, se requiere de una gestión más eficaz y transparente del sistema público, que apoye a la innovación tanto en los países que están enfrentando un contexto de restricción presupuestaria como en aquellos que disfrutan de un período de elevado crecimiento basado en crecientes exportaciones de recursos naturales, con altos precios. Del diagnóstico del desarrollo productivo e innovación en América Latina se puede concluir que la región necesita avanzar en cuatro terrenos:

1) invertir para cerrar la brecha de productividad;

2) incrementar la inversión en actividades científicas y tecnológicas y de investigación y desarrollo;

3) aumentar el compromiso del sector privado con la innovación y la transformación productiva, y

4) reducir el desfase entre la oferta y la demanda de recursos humanos calificados. Para ello se requiere de nuevos modelos de gobernanza de las políticas públicas, capaces de articular acciones y favorecer acuerdos que fortalezcan las inversiones en innovación. Es necesaria una institucionalidad más fuerte y modelos de políticas públicas más complejos, capaces de movilizar los diversos actores de los sistemas nacionales de innovación y a todos los niveles de gobierno. Especialmente en contextos como América Latina, de especialización productiva en sectores que demandan poco conocimiento, y con elevada incertidumbre y barreras en el acceso al crédito, las políticas públicas desempeñan un papel determinante en la producción de incentivos para la inversión en actividades científicas y tecnológicas y elevar la competitividad basada en la agregación de valor y en la innovación. En general, en los últimos años los países de América Latina han avanzado en el aprendizaje de las políticas públicas de innovación e introducido reformas significativas en la institucionalidad para estas. A pesar de que persiste una gran heterogeneidad en la institucionalidad y los modelos de gobernanza, se pueden identificar algunas tendencias comunes. Entre los avances se destacan el fortalecimiento de la institucionalidad para la innovación (Argentina, Chile y Uruguay); la creación y la consolidación de nuevos modelos de financiamiento para la innovación (Brasil, Chile, Colombia y México); la mayor sincronización entre apoyo a la innovación y al desarrollo de sectores productivos estratégicos (Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá y Uruguay); una creciente atención al impacto territorial de las estrategias de innovación, sobre todo en los países de mayor tamaño relativo (Argentina, Brasil y Colombia), y una mejoría en las capacidades institucionales para medir y evaluar la dinámica de la innovación y el impacto de las políticas públicas (Argentina y Brasil). Para superar las debilidades estructurales en innovación y en la capacidad del Estado de apoyar el desarrollo productivo y tecnológico es necesario evolucionar hacia mejores sistemas de gobernanza de las políticas, capaces de alinear acciones y crear sinergias entre distintos programas e niveles de gobiernos. Al respecto es recomendable que la región pueda avanzar en seis materias:

• Consolidar la sincronización entre las estrategias de innovación y la transformación productiva, ahondando en la capacidad de articular acciones con base en sectores y encadenamientos productivos. Esto requiere de mecanismos de gobernanza que favorezcan el dialogo entre los ministerios de economía y finanzas, los de industria y comercio y los de innovación. También exige mecanismos de financiación con enfoque sectorial, participación de todos los actores del sistema nacional de innovación (universidades, empresas y sociedad civil) en la definición de prioridades, y sincronización de las políticas de innovación y de apoyo al desarrollo productivo y empresarial como ingrediente esencial para asegurar acciones más eficaces y de mayor impacto.

• Fortalecer las capacidades para generar estrategias de innovación, lo que requiere de Estados con mejores capacidades de articulación vertical (en los niveles de gobiernos) y horizontal (en los ministerios responsables de áreas relacionadas a la innovación, entre estos, industria, agricultura, salud, educación e infraestructura), y una mayor participación del sector privado en la innovación.

• Incrementar la capacidad de asignación de recursos con base en planes plurianuales para facilitar la inversión en proyectos de mediano y largo plazo, y paralelamente aumentar la capacidad y el compromiso de los sectores financiero y productivo a fin de elevar el financiamiento disponible para emprendimientos innovadores. Lo anterior requiere de inversiones en inteligencia estratégica en la administración pública y de la creación de espacios de diálogo para instaurar mecanismos de confianza, junto con incrementar las capacidades de regulación del Estado en la materia.

• Evolucionar hacia modelos de políticas orientados a los resultados; es decir diseñar políticas pensando en el objetivo final (más y mejores empleos, mayor competitividad) y considerar a los insumos (como gasto en I+D y en formación de recursos humanos) medios para alcanzar los objetivos estratégicos.

• Fortalecer las capacidades de medición y análisis de la innovación; es necesario invertir para crear espacios institucionales y mecanismos de retroalimentación entre el diseño y la implementación, que permitan mejorar las capacidades de los hacedores de políticas en la definición y ejecución de nuevos instrumentos más sofisticados. Asimismo, es importante invertir en la generación de indicadores para la innovación y crear incentivos para la utilización de la información en la evaluación de políticas.

• Apoyar la formación de los recursos humanos encargados de la gestión de las políticas de innovación y desarrollo productivo y favorecer el diálogo regional para intercambiar experiencias y avanzar en el aprendizaje del diseño de instrumentos de políticas para la innovación. De hecho, la apuesta de América Latina necesita tanto de agendas nacionales específicas, en función de sus especificidades productivas, históricas y culturales, como de una agenda que permita a la región en su conjunto alcanzar la masa crítica necesaria en determinadas áreas del conocimiento y de la producción, para apuntalar una mejor inserción en un contexto internacional cada vez más competitivo y dinámico.