La infraestructura constituye un componente clave del crecimiento y desarrollo económicos. Junto con los servicios asociados a esta, genera una serie de impactos sustantivos sobre las economías y la calidad de vida de sus habitantes. Gran parte de la infraestructura de diferentes sectores cumple un papel central en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), puesto que, por ejemplo, las mejorías en la conectividad y la movilidad facilitan el acceso a los servicios económicos y asistenciales básicos como la educación y la salud, entre otros.

Este capítulo se concentra en el análisis de las transformaciones que se requieren en el Estado para elevar la eficiencia y eficacia de las inversiones públicas en los casos de la infraestructura de transporte y telecomunicaciones. En primer lugar, se identifica el rol que cumple el Estado en las políticas públicas de provisión y operación de infraestructura y servicios de transporte y la necesidad de establecer una política integrada y sostenible de logística y movilidad a nivel nacional y subnacional (sección 5.2). Luego, se examina el caso de Internet de banda ancha y sus potenciales efectos económicos y sociales, en particular las políticas públicas necesarias para su desarrollo; presentando además información sobre el uso y requerimientos de banda ancha para la región (sección 5.3). En tercer lugar, se plantean recomendaciones de políticas públicas para la masificación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y lograr una mayor coherencia y coordinación entre los actores involucrados en el despliegue de infraestructura de transporte y telecomunicaciones (sección 5.4).

Existe una amplia brecha en la provisión de infraestructura en América Latina respecto de otras regiones del mundo, que reduce su potencial de desarrollo económico. A pesar de la creciente participación del sector privado en este sector en las últimas dos décadas, la región sigue muy rezagada respecto de Asia y otras economías emergentes. Esto no solo afecta su crecimiento económico, sino que compromete las posibilidades de reducir las brechas y la desigualdad, tan característica de la región. Para enfrentar las necesidades de infraestructura que surgirán de las empresas y las personas entre 2006 y 2020, con un crecimiento económico promedio de 3,9% anual en el periodo, América Latina y el Caribe deberían invertir en este sector en torno al 5,0% anual. Para cerrar la brecha de la región con un conjunto de países del sudeste de Asia las erogaciones deberían ascender a cerca de un 9% del PIB anual. Teniendo en cuenta que la inversión en infraestructura en el periodo 2007-2008 fue de un 2% del PIB en la región, el esfuerzo por realizar se torna mayúsculo1.

El reto para la región es proveer adecuadamente infraestructuras que potencien la economía y la igualdad de forma sostenible. Los aumentos en la disponibilidad y calidad de la infraestructura reducen los costos logísticos y permiten elevar la productividad y competitividad de las economías. Por ejemplo, se estima que cerrandola brecha de infraestructura con otros países de ingreso medio, las economíaslatinoamericanas podrían incrementar la tasa de crecimiento del producto en dospuntos porcentuales por año2. Igualmente, un mayor acceso a la infraestructurade transporte contribuye a disminuir la desigualdad y favorecer la inclusión social. El mayor acceso a la infraestructura de transporte (carretera, ferroviaria, y/o vías acuáticas) fortalece la conexión entre los centros agrícolas y los principales mercados urbanos internos. Además, la provisión de servicios electrónicos en educación, salud y gestión gubernamental permite aumentar la eficacia de esos sectores y superar barreras geográficas y financieras que restringen su cobertura en los segmentos más pobres y marginados de la población.

La fuerte caída de la inversión pública en los años noventa impactó considerablemente en la dotación de infraestructura. Después de las fuertes crisis fiscales y de endeudamiento externo que sufrió la mayoría de las economías de la región en los años ochenta, en la década siguiente hubo recortes generalizados de inversión de capital como parte de los programas de consolidación fiscal. Al mismo tiempo, la mayor madurez fiscal limitó los niveles de endeudamiento, que acompañados por bajos niveles de tributación, restringen la capacidad de financiación. Cifras de la CEPA L muestran que si en el periodo 1980-1985 la inversión pública era de casi 4% del PIB, en el bienio 2007 y 2008 se redujo hasta un 2%.

Esta caída en la inversión pública de la región no alcanzó a ser compensada por la mayor inversión privada. A pesar de que aumentó la participación del sector privado mediante diversos esquemas, su magnitud fue insuficiente para compensar el descenso de la inversión pública respecto del crecimiento económico en la década de los años dos mil. No obstante los importantes beneficios que trajo consigo, el volumen de inversión privada en el periodo fue menor que la magnitud de la retracción de la inversión pública en la mayoría de los sectores, salvo en las telecomunicaciones y, en menor medida, en energía. Además, en ocasiones, el diseño inadecuado de las políticas públicas para involucrar al sector privado se tradujo en una provisión insuficiente, en algunos casos con rezagos y sobrecostos, lo que perjudicó la consecución de los objetivos planteados.

El déficit en infraestructura difiere bastante entre sectores y países; las brechas en la región tienden a concentrarse principalmente en transporte y energía, pero incluso en las telecomunicaciones, donde el déficit es inferior, hay grandes retos en algunos segmentos como el acceso a Internet de banda ancha. En general, en materia de infraestructura de transporte la región registra un déficit significativo, que podría condicionar su desarrollo al restringir las posibilidades de crecimiento económico e impedir acceder a los beneficios derivados de las economías de escala y la especialización a nivel subnacional y nacional3. En telecomunicaciones, algunos países tienen niveles razonables de infraestructura considerando su nivel de ingreso (por ejemplo, Brasil, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Uruguay), aunque subsisten serios problemas de equidad en el acceso4. Para mejorar la eficacia del sector público se requiere de una definición y aplicaciónadecuada de mecanismos que permitan un cambio en las políticas públicas sectorialesy una mayor articulación y coordinación con el sector privado. La forma como se conciben y ejecutan las políticas de infraestructura de transporte debería efectuar un viraje hacia un enfoque integrado y comodal, donde la infraestructura provista sea definida en función de las necesidades de movilidad y logística, independientemente del modo de transporte. 

En las concesiones de infraestructura de transporte es fundamental corregir las fallas de inconsistencia dinámica, esto es, el incentivo a cambiar las reglas del juego iniciales, amplificada por el régimen de contabilidad fiscal de las concesiones y por la inadecuada gestión de sus riesgos, entre otros factores que deberían ser revisados. El desarrollo de la banda ancha requiere tanto de un sistema tecnológico de bienes y servicios complementarios como de mecanismos de coordinación que orienten las inversiones de largo plazo de un conjunto amplio de actores privados involucrados en la provisión y el consumo de ésta.

Los análisis de las infraestructuras de transporte e Internet de banda ancha indican la necesidad de una mayor coordinación y coherencia de las políticas. Es fundamental establecer un marco nítido para el proceso de formulación de políticas que favorezca una ejecución eficiente y eficaz de los recursos, lo que permitiría incrementar la calidad del gasto público y lograr una mejor articulación con el sector privado bajo el esquema de asociaciones entre los sectores público y privado. En el sector de telecomunicaciones sería conveniente agilizar la adecuación del marco regulatorio para su consistencia con un entorno de convergencia tecnológica.