El rezago de infraestructura en la región hace necesaria la intervención del Estado a través de inversiones y políticas públicas que reviertan esta situación. Uno de los principales retos es lograr mayor coherencia y coordinación entre los actores relevantes en el área de infraestructura. En particular, es necesaria esta coordinación entre agencias de distintas instituciones pero de similares niveles de gobierno, agencias de diferentes niveles de gobierno, y actores públicos y privados. Por ejemplo, un mejor uso de infraestructuras existentes, como las de transporte, reduciría los costos de despliegue de las redes de banda ancha. Una mejor coordinación de políticas de transporte en las agencias del sector debería considerar las diferencias notorias de costos externos entre diferentes modos.

Más eficacia en el ciclo de las políticas públicas de infraestructura permite alcanzar un mayor nivel de desarrollo. Para identificar los cuellos de botella que limitan la efectividad de las políticas de infraestructura es preciso evaluar y reforzar el proceso de formulación de políticas en sus diferentes fases: priorización y planificación, ejecución, operación y mantenimiento. Esto requiere de la definición de un marco normativo que establezca pesos y contrapesos y establezca mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.

En el sector de transporte, la priorización y planificación de proyectos debería apuntar a elevar la rentabilidad social de las obras a partir de un proceso de evaluación social, para lo que es determinante balancear la necesidad de nuevas obras y mantenimiento de las existentes.

En el sector de telecomunicaciones es conveniente acelerar la adecuación del marco regulatorio para su consistencia con un entorno de convergencia tecnológica. La normativa debería orientarse a mejorar el manejo de recursos de propiedad estatal, como el espectro electromagnético y la regulación de redes de fibra óptica con tarificación y acceso abierto.

El Estado debe abordar la intervención del sector privado en la infraestructura con una visión estratégica, buscando las asociaciones e instrumentos más idóneos para aumentar la calidad de los servicios y bienes provistos. Una planificación y diseño adecuado de los proyectos indicaría cuándo la participación privada es deseable, sin que la transferencia de riesgos sea el único criterio para incluirla. Esta debe fomentarse en un ambiente que minimice los incentivos perversos de búsqueda de renta, resuelva las fallas de inconsistencia dinámica, mitigue los problemas de información y maximice los objetivos de eficiencia y calidad para la provisión de servicios.

En el sector transporte es fundamental seguir un proceso de selección adecuado para la decisión de participación privada (como el análisis de value for money), un buen diseño en los contratos y una contabilidad fiscal que no favorezca la concesión respecto de una obra pública. Esto minimizaría las renegociaciones de concesiones y contribuiría a reducir considerablemente los costos fiscales encubiertos. En el sector de telecomunicaciones, en especial del servicio de Internet de banda ancha, se deben establecer mecanismos e incentivos para el despliegue de infraestructura donde este no es rentable desde el punto de vista privado, enfatizando el acceso abierto a estas redes.

Tanto en el marco institucional como en la carrera pública en los sectores de transporte y telecomunicaciones son necesarias grandes reformas. Es fundamental avanzar con esquemas de contratación que estimulen la profesionalización, la especialización y el desarrollo de una carrera civil independiente del ciclo político y con capacidad de uso de herramientas modernas de planificación, seguimiento y evaluación36. Los órganos reguladores y las entidades responsables de la contratación de servicios e infraestructura requieren contar con mayores grados de autonomía que contribuyan a asegurar una mayor coordinación entre los actores involucrades.

Annex 5.1. Current Situation of Convergence Legislation in Latin America

País Normativa para Convergencia Características
Argentina decreto nº 764/2000 - desregulación de las telecomunicaciones Establece la licencia única de telecomunicaciones; fija en 60 días el plazo para otorgarla; esta se otorga sin límite de tiempo y habilita la prestación de cualquier tipo de servicio, con o sin infraestructura propia.
Bolivia (estado plurinacional de) ninguna  
Brazil Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, Resolução n° 272, de 9/8/2001 Define la Licencia para Servicio de Comunicaciones multimedia (scm); separa la red de los servicios scm; provee derecho a numeración y a otros recursos al scm.
Chile ninguna expresa La Ley n° 18.168, del 2 de octubre de 1982 que se enfoca en las redes más que en los servicios prestados sobre estas favorece a los paquetes de servicios.
Colombia Ley 1341, 30 de julio de 2009 (Ley de tic) se incorpora el concepto de habilitación general para provisión de redes y servicios; cesión de permisos para uso del espectro; neutralidad tecnológica.
Costa Rica "Ley General de telecomunicaciones nº 8642, 4 de junio de 2008" introduce principios de neutralidad tecnológica y convergencia; promueve el uso libre de bandas de frecuencia; requiere solo una autorización para prestar servicios de telecomunicaciones; la tramitación de autorización es en un máximo de 2 meses; ampliación de oferta de otros servicios mediante simple notificación al regulador.
Cuba ninguna  
Ecuador ninguna  
El Salvador ninguna  
Guatemala ninguna  
Haití ninguna  
Honduras ninguna  
méxico "acuerdo de convergencia de servicios Fijos de telefonía Local y televisión y/o audio restringidos de 3 de octubre de 2006" establece la prestación de voz, datos y video en convergencia tecnológica como línea estratégica; promueve la convergencia entre redes alámbricas e inalámbricas; permite que los concesionarios puedan determinar qué parte de las bandas de frecuencias otorgadas se usan para otros servicios.
Nicaragua acuerdo administrativo nº 004-2005 de 7 de enero de 2005, reglamento General de interconexión y acceso Define expresamente el acceso a NGN (redes de nueva generación), números no geográficos, itinerancia, traslación de direcciones ip (Internet protocol, protocolo de internet que identifica cada ordenador) y temas relativos a un entorno de siguiente generación.
panamá ninguna  
Paraguay ninguna  
perú Ley nº 28737 de 17 de mayo de 2006 promueve la convergencia de redes y servicios; introduce la concesión única a ser materializada mediante contrato.
Dominican Republic ninguna  
Uruguay ninguna  
venezuela (república Bolivariana de) Ley orgánica de telecomunicaciones del 1 de junio de 2000 Introduce esquema simplificado de título habilitante general; la adición de servicios se produce mediante modificación de atributos del título; el regulador dispone de tiempo limitado para procesar la solicitud.