La educación es probablemente lo primero que acude a la mente cuando se reflexiona sobre políticas capaces de promover la movilidad social ascendente. La capacitación del capital humano es uno de los principales motores del crecimiento económico, y la experiencia de los países de la OCDE demuestra que la persistencia de un determinado nivel educativo de una generación a otra constituye un factor decisivo para explicar la perdurabilidad de los diferenciales de ingresos.1 Los datos microeconómicos confirman este particular y muestran que la educación aporta considerables beneficios. La inversión de los hogares en educación tiende a ser provechosa tanto desde el punto de vista social como desde el privado, y en América Latina estos resultados suelen ser particularmente fuertes.2 En los estratos medios latinoamericanos, la educación se asocia además a una mayor satisfacción en la vida, orgullo y sentimiento de identidad.3 Todo lo anterior debería constituir un terreno fértil para recurrir a la política educativa con una finalidad tanto económica como social.

No cabe duda de que la educación puede servir de poderoso instrumento para ascender en la escala social, al menos para quienes puedan o quieran invertir el tiempo y los recursos necesarios. Pero si las oportunidades están repartidas de forma desequilibrada, la intervención pública en educación puede fracasar. Factores tales como un acceso desigual a los servicios educativos, la existencia de notorias diferencias entre la calidad de la educación de los centros públicos y de los privados, o restricciones en la obtención de financiamiento pueden provocar que las políticas tengan un efecto regresivo y, en la práctica, perpetúen la desigualdad. Con el fin de promover eficazmente la movilidad, las políticas educativas deberán incorporar, desde el principio, consideraciones de equidad en su diseño.4

Pero, allí donde operen otros mecanismos de exclusión social, como la discriminación por raza o género, puede que proporcionar un acceso igual a todos no sea suficiente. Y la realidad demuestra que la discriminación está aún muy extendida en América Latina: por ejemplo, un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha hallado que las diferencias salariales por razón de raza son aproximadamente del 30% en la región5 y que igualar el nivel educativo de los diversos grupos étnicos reduciría 10 puntos porcentuales esa diferencia. En este contexto, este capítulo ofrecerá pruebas de que estos problemas no se limitan a los desfavorecidos, sino que afectan asimismo a los estratos medios. Por ende, las políticas educativas deberán apoyarse en otras políticas y complementarlas, con miras a promover la inclusión social.

Por otra parte, el presente capítulo refuta la reiterada afirmación que el elevado nivel de desigualdad del ingreso estática en América Latina6 podría ser positivo si se viera acompañado de una gran movilidad social; al incrementar las recompensas que se obtienen de la inversión en capital humano. Las políticas públicas de reducción de la desigualdad intergeneracional e intrageneracional están más que justificadas.

Además, en este capítulo, se documentará el grado de movilidad educativa en la región, haciendo especial hincapié en los estratos medios. Aunque el debate sobre la incidencia relativa de factores innatos y ambientales ("naturaleza y cultura") aún no está zanjado,7 la evidencia muestra que las capacidades cognitivas heredadas impulsan sólo moderadamente la movilidad de ingresos intergeneracional.8 En este sentido, una comparación internacional con países de la OCDE –en especial, con aquellos caracterizados por una gran movilidad– puede servir como referencia para evaluar en qué medida podría aumentarse la movilidad en América Latina.9 Para llevar a cabo dicho examen comparativo, se ha recurrido a un vasto abanico de datos: desde los resultados de las encuestas de Latinobarómetro a la última base de datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, o las conclusiones recogidas en la literatura científica sobre la base de encuestas de hogares. Pese a la abundante información que proporcionan sobre las características educativas de padres e hijos, los dos primeros conjuntos de datos no detallan los niveles de ingresos de los hogares. Por consiguiente, el análisis realizado en este capítulo recurrirá principalmente a los deciles de ingresos, y no tanto a la definición 50-150 de la mediana de los ingresos adoptada en el capítulo 1.

La relación entre la movilidad educativa y la desigualdad del ingreso estática, los retornos a la educación y el gasto público serán igualmente objeto de estudio en este capítulo, que concluirá con un examen de aquellas políticas educativas que podrían mejorar la igualdad de oportunidades y la movilidad intergeneracional en la región.

El énfasis en la educación puede justificarse tanto por la importancia que revisten ésta y el capital humano como determinantes de los ingresos y de las posibilidades de emprender políticas públicas concretas en este ámbito, como por la disponibilidad y la calidad de los datos existentes

.10 Pero la educación también puede tomarse como representación de otros aspectos más amplios de la compleja matriz de factores que inciden en la movilidad social y el estatus; y en este sentido, la educación puede aportar ejemplos y pruebas de la forma en que las políticas pueden intentar actuar sobre esos otros factores.