Notas

Véase por ejemplo Banerjee y Duflo (2008).
Las reformas estructurales de pensiones en América Latina (obsérvese que Brasil y Venezuela no se han unido a la tendencia) han conformado tres modelos: sustitutivo, paralelo y mixto (Mesa-Lago, 2004). En los modelos sustitutivos (adoptados en Chile, Bolivia, México, El Salvador y la República Dominicana), el anterior régimen de reparto con prestación definida se ha sustituido por cuentas de capitalización individual. En los modelos paralelos (adoptados en Perú y Colombia), se ha realizado una profunda reforma del sistema público, se ha creado uno nuevo privado, y ambos han entrado en competición. Por último, en los modelos mixtos (Argentina hasta la reforma de 2008, Costa Rica y Uruguay), las prestaciones son una mezcla de pensiones públicas (generalmente básicas) y privadas.
Véase Lindbeck y Persson (2003), o Barr y Diamond (2006) para un punto de vista más escéptico. La realidad empírica de estas ventajas es matizada (Gill et al., 2005). La opinión general es que la situación fiscal a largo plazo de las economías reformadoras es significativamente más sólida. Sin embargo, los reformadores se enfrentan a considerables costes fiscales iniciales porque los actuales pensionistas siguen sometidos a las antiguas normas, mientras algunos o incluso todos los cotizantes se incorporan al nuevo sistema. Además, todos los sistemas con administración privada mantienen algún tipo de pensión redistributiva, financiada con los ingresos generales. Pero a largo plazo, las reformas han reducido la carga financiera que las pensiones suponen para el Estado (al menos en lo que respecta a los futuros pensionistas), y la mayor parte de los costes implícitos se han explicitado, lo que ha mejorado la transparencia del sistema.
Véase OCDE (2007).
En el caso de Chile, se ha probado que los empleados ya asumían los tributos sociales y, por lo tanto, éstos no afectaban a los costes laborales (Gruber, 1997b; Cox-Edwards, 2002). Sin embargo, estudios sobre México (véase Cazorla y Madero, 2007) y Colombia (véase Kugler y Kugler, 2003) han llegado a la conclusión que los trabajadores soportaban sólo una pequeña parte de los impuestos sociales, lo que desalentaba la nueva contratación de trabajadores por parte de las empresas. Por último, Cruces et al. (2010) han encontrado una transformación salarial parcial en Argentina, pero no efectos en el mercado laboral.
Véase Corbo y Schmidt-Hebbel (2003).
Consúltese Menezes-Filho y Scorzafave (2009), para el empleo informal, y Côrtes Neri (2010), para el empleo formal.
Véase las estimaciones de Rofman et al. (2008) y el análisis de Gill et al. (2005).
Desarrollado por Santiso (2006).
Véase OCDE (2008), así como Jütting y de Laiglesia (2009).
Esta heterogeneidad responde a dos escuelas de pensamiento dominantes, examinadas en Perry et al. (2007). Por una parte, la teoría sobre la “salida”, o decisión voluntaria, aduce que empresarios y trabajadores optan por la informalidad basándose en un análisis coste-beneficio. En contraste, la teoría sobre la “exclusión” sostiene que los trabajadores son excluidos de las actividades formales. Jütting y de Laiglesia (2009) defienden una tercera vía, basándose en la inexistencia de límites meridianos entre la formalidad y la informalidad; en este marco conceptual, los trabajadores no son completamente formales o totalmente informales; por ejemplo, pueden pagar impuestos directos, pero quizá no coticen a los sistemas de protección social.
CEPAL (2008).
Véase por ejemplo Gasparini y Tornarolli (2007).
Los trabajadores del servicio doméstico representan un porcentaje nada desdeñable del empleo informal en América Latina (el 15% según OIT, 2009), y este empleo explica gran parte de la diferencia de las tasas de informalidad entre hombres y mujeres de la región.
El empleo informal se ha considerado a menudo como un sector residual. En los modelos clásicos de desarrollo en que existe un excedente laboral (como los de Lewis, 1954; Ranis y Fei, 1961; y Harris y Todaro, 1970), los trabajadores pasan de la agricultura tradicional a la moderna industria, pero pueden no encontrar un puesto de trabajo formal en el mercado laboral urbano; en ese caso, el trabajo informal constituye una forma de subempleo que palia el desempleo completo.
Jütting y de Laiglesia (2009) han resumido esas experiencias empíricas en todos los países emergentes, y Perry et al. (2007), en América Latina.
Fields (1990 y 2005).
Los trabajadores por cuenta propia con una capacitación profesional (artesanos o miembros de profesiones liberales, entre otros), también pueden incluirse en este tramo superior del empleo informal cuando no declaran su actividad y la ejercen personalmente y no como parte de una sociedad.
El falso autoempleo es la práctica que consiste en darse de alta ante las autoridades laborales o tributarias como trabajador por cuenta propia, al tiempo que se trabaja para una empresa formal en una función cuyas características exigirían normalmente un contrato de trabajo. Un ejemplo sería un “subcontratado” que trabaja exclusivamente para una única empresa, pero que, técnicamente, sigue figurando como autónomo.
Véase Kanbur (2009).
Siguiendo la definición de la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, los trabajadores por cuenta propia deberían clasificarse como formales cuando su empresa lo sea, pero, dada la heterogeneidad de las correspondientes preguntas de las encuestas entre los diversos países, se ha preferido una definición basada en las preguntas (homogéneas) sobre el estatus laboral.
Véase Da Costa et al. (2010) para los detalles técnicos.
Véase Auerbach et al. (2007).
Los trabajadores se consideran afiliados a partir del momento en que se hallan registrados en los archivos de la administración de la seguridad social. Los afiliados serán cotizantes en un determinado periodo si han abonado las cotizaciones sociales debidas al régimen público o privado.
Basado en Rofman et al. (2008).
La información disponible no es idéntica para todos los países: en Chile, los datos cubren el periodo 1994-2006, con encuestas de hogares cada dos años; los datos de México se extienden de 1998 a 2006, con información cada dos años; para Bolivia, los datos son de 2001 y 2002; por último, los datos de Brasil provienen de encuestas de hogares anuales de 1996 a 2006 (salvo 1997 y 2000). Véase Da Costa et al. (2010) para mayor información y un análisis más detallado.

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