Notas

Este tema se abordó en OCDE (2008b).
La puntuación Polity sobre la democracia se basa en las evaluaciones que realizan expertos sobre seis dimensiones, que incluyen, entre otras, las cualidades de la elección del poder ejecutivo, las limitaciones de este poder, y el grado de apertura de los regímenes y de la competencia política. Para mayor información, véase el sitio web del proyecto Polity IV (www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm).
Sin embargo, la puntuación media de América Latina y del Caribe, cercana a 8.6, queda aún por detrás del promedio de 9.6 de los países miembros de la OCDE (sobre una puntuación máxima de 10).
Blyde et al. (2009).
Conviene indicar que las posiciones subjetivas en la distribución de la renta difieren significativamente de las posiciones objetivas: por lo general, las personas relativamente acomodadas se autoclasifican en quintiles inferiores, mientras los más pobres suelen considerarse a sí mismos relativamente menos desfavorecidos (véase el capítulo 1, y Fajardo y Lora, 2010). Sin embargo, cabe señalar que para las perspectivas y acciones políticas, la posición subjetiva resulta más importante que la objetiva.
Las diferencias entre quintiles de ingresos son estadísticamente significativas a niveles convencionales de confianza para ambas variables.
Por ejemplo, Alesina y Angeletos (2005), y Gaviria (2007).
El coeficiente de variación, una medida de la dispersión, es 0.44 para los estratos medios, frente a 0.52 para los acomodados y 0.57 para los desfavorecidos.
Para la educación, se hallan resultados similares. Véase Daude y Melguizo (2010) para mayor información.
Es preciso advertir que, para que el modelo de la PMA funcione, deben darse ciertas premisas: debe esperarse que las políticas perduren; los agentes económicos no deben tener gran aversión al riesgo; y quienes son más desfavorecidos que el promedio deben tener la esperanza de llegar a ser más ricos que la media. Rodríguez (2004) propone una explicación alternativa a este efecto, según la cual, en las sociedades en las que los acomodados pueden influir en la política de tal modo que no pagan impuestos, el votante medio preferirá niveles de tributación bajos con el fin de reducir los incentivos de la captación de rentas.
Przeworski (2007) generaliza el caso y señala que quienes carecen de activos, pese a constituir una amplia mayoría, no quieren o no pueden utilizar sus derechos políticos para igualar la riqueza, los ingresos o siquiera las oportunidades. Esto puede deberse no sólo a sus expectativas de llegar a ser ricos, sino también a la dominación ideológica, ya que los medios de comunicación son propiedad de la élite, o a las dificultades con que se enfrentan los más desfavorecidos para coordinar acciones cuando tienen preferencias heterogéneas sobre aspectos no económicos de la vida. En sentido similar, Chong y Olivera (2008) muestran que los países en los que el sufragio es obligatorio tienen menor desigualdad de ingresos. Por lo tanto, dado que los países en desarrollo tienen una distribución de ingresos relativamente más desigual, los autores proponen que se fomente en ellos la participación obligatoria en las elecciones.
Estos resultados coinciden con los de Torgler (2005).
Un ejemplo reciente sería la reforma brasileña Ficha Limpa, de julio de 2010.
Torgler (2005).
Marcel (2008).
Por lo tanto, la calidad de estos bienes repercute claramente en la percepción que se tenga de la forma en que realmente se emplean los fondos públicos y, por lo tanto, en la predisposición a pagar impuestos –el virtuoso círculo analizado en el apartado anterior–. Sin embargo, una seria limitación de nuestro enfoque proviene del hecho de que los datos de las encuestas de hogares no reflejan las diferencias de calidad de los servicios, que podrían afectar a su valor. El capítulo 3 ha mostrado que, en materia de educación, esas divergencias suelen ser grandes, y eso podría ser sustancial para los resultados presentados aquí.
En Brasil, por ejemplo, se ha hallado que los fondos de pensiones pueden propulsar a hogares con ingresos de mercado bajos o inexistentes a las categorías de ingresos altos. Para mayor información, véase Immervoll et al. (2006).
Véase CEPAL (2009).
Cabe señalar que el índice de recuento de la pobreza difiere notablemente entre Chile y México. De acuerdo con CEPAL (2009), en 2006, el 13.7% de los hogares chilenos era pobre, mientras que la pobreza era significativamente mayor en México (31.7%).
Al utilizar las encuestas de hogares, sólo se tienen en cuenta los ingresos actuales, y los resultados no reflejan los efectos dinámicos redistributivos del gasto público. Por lo tanto, los efectos a largo plazo de la educación en las ganancias salariales de los niños actualmente escolarizados no están incluidos.
La edición de 2009 de Perspectivas (OCDE, 2008b) analiza detalladamente este tema y la forma en que podría tratarse.

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