Sin menoscabar el papel de los mercados, el Estado debería tener mayor protagonismo para responder a las necesidades del desarrollo y prestar atención a distintos ámbitos de política pública. Estos comprenden: i) mejoras en la movilización de recursos fiscales; ii) un servicio público profesional; iii) la movilización de distintos actores; iv) un uso adecuado de las nuevas tecnologías, y v) favorecer mecanismos de apertura y transparencia del gobierno.

La agenda de desarrollo en la región presenta diversos desafíos para el Estado. Para enfrentarlos, requiere el apoyo ciudadano y una visión de largo plazo que garantice cierto grado de continuidad política, social y técnica. Los retos fundamentales son cinco9:

Five fundamental challenges can be identified (ref.9):

  • Es necesario que el Estado garantice un entorno macroeconómico estable, capaz de dinamizar el crecimiento económico.
  • El Estado debe jugar un rol activo en la promoción de cambios en la estructura productiva para lograr mayor incorporación del progreso técnico e impulsar políticas consistentes que permitan reducir las brechas de productividad entre los sectores y niveles de la estructura productiva.
  • El Estado requiere ser protagónico en la reducción de las disparidades territoriales en materia de capacidades productivas, articulación con mercados ampliados, mayor convergencia en acceso a servicios y avanzar hacia menores desigualdades en los niveles de bienestar. La diversidad de instituciones y actores que inciden en el desarrollo territorial hace imperativo concretar pactos de cohesión territorial para concertar esfuerzos de promoción del desarrollo regional y local, desde arriba y abajo. Revertir la desigualdad territorial contribuye a que se pueda remontar la desigualdad general. Todo esto resalta la importancia de contar con políticas públicas de Estado, respaldadas por pactos entre actores de diferentes niveles de desagregación territorial, orientadas a la promoción de mayor igualdad territorial.
  • Es preciso que el Estado impulse en la región políticas activas de empleo, que permitan la protección frente a la contingencia del desempleo, cerrar brechas de ingresos laborales como llave para la promoción de la igualdad, e incrementar las tasas de participación y las tasas de empleo. Se requieren políticas activas del Estado para mejorar la calidad del empleo y las capacidades de la fuerza de trabajo, políticas de salario mínimo, de apoyo productivo y de protección del sector informal.
  • El Estado debería intervenir de forma más audaz en el ámbito social de la región, para garantizar mayor acceso al bienestar y desarrollo de capacidades de quienes registran rezagos y vulnerabilidad más elevada, contribuyendo a cerrar las brechas en este terreno. Además, el papel del Estado es determinante en los pilares de protección y promoción social. Al respecto se propone el diseño y puesta en práctica de un sistema de protección social básico universal (seguridad de ingresos y salud básicos). Para esto, sería conveniente que genere o potencie los mecanismos solidarios de protección social no contributivos, aumente la oferta de programas asistenciales, formule políticas para conciliar el trabajo remunerado y no remunerado y facilite el ingreso de las mujeres al mercado laboral.

Todas estas propuestas abren una interrogante acerca del nivel de recursos con que cuenta la administración gubernamental en los países de la región. El nivel de gasto público está condicionado por la capacidad de recaudación de los países. La tributación constituye el espacio de política decisivo para incrementar la capacidad financiera del Estado a fin de que pueda ser proactivo en la promoción del desarrollo y la igualdad social, como se ha plantea en este informe. Igualmente es necesario examinar la gobernabilidad de los recursos naturales. Dado que al menos en el caso de los países sudamericanos el auge de las materias primas pareciera una tendencia, es ineludible que las sociedades debatan sobre el uso de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales.