Las reformas en la educación superior en América Latina y el Caribe tuvieron como ejes principales la desregulación y descentralización. Como resultado se han producido cambios profundos en la estructura, el modelo de gestión y las formas de financiamiento de las universidades. Resaltan entre estos la disminución de la participación del Estado en la oferta y el financiamiento de la educación terciaria, la creación de los sistemas y organismos de evaluación y acreditación, la adopción de nuevos criterios de calidad y asignación de fondos, así como un mayor control del uso de estos recursos. Bajo el fuerte influjo del proceso de globalización de las economías de la región, paulatinamente se ha realizado una apertura a proveedores trasnacionales en la prestación de servicios educativos del ámbito terciario. En América Latina estas transformaciones fueron incorporadas en un nuevo marco normativo para la educación mediante leyes especiales, decretos o, como ocurrió en la Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, reformas constitucionales36. El corolario de estas reformas ha sido un fuerte incremento en la heterogeneidad de la educación terciaria, en detrimento de su calidad promedio. Por esta razón es prioritario y apremiante el fortalecimiento del papel regulador del Estado a través de la creación de organismos de control de la calidad. Los nuevos modelos de evaluación, al estar orientados hacia resultados, dando prioridad a las medidas de eficiencia y productividad de las instituciones, conllevan la necesidad de obtener sistemas de información pública y logística capaces de generar datos comparables a nivel nacional e internacional. Bajo los nuevos criterios de calidad, y tras la ampliación de la actividad privada en la provisión de servicios de educación terciaria, la producción de conocimientos ha perdido importancia en las instituciones privadas. El crecimiento del sistema de educación superior latinoamericano en los últimos años ha intensificado la presión para diversificar sus mecanismos de financiamiento. Se han desarrollado nuevas modalidades de financiamiento hacia soluciones provenientes del sector privado, entre las que prevalecen cuatro mecanismos o esquemas principales:

• Financiamiento público directo: en algunos países es incipiente la asignación de recursos públicos contra resultados o indicadores de desempeño a través de fondos concursables.

• Financiamiento público sobre la base de objetivos de política: fondos para atender objetivos específicos o logros en investigación. Por ejemplo, el Programa Universidad para Todos (PROUNI) en Brasil.

• Financiamiento privado: pago de aranceles por parte de las familias, empresas que financian programas de investigación y postgrado, o donaciones privadas. El cobro de los costos de la educación es creciente incluso en universidades estatales; el caso más notable al respecto es el de Chile.

• Modelo mixto: Chile.

Un desafío de resolución urgente en materia de financiamiento de la educación superior en la región es equilibrar el acceso y la igualdad. La posibilidad que tienen los jóvenes de quintiles de ingresos más bajos de lograr una movilidad social efectiva y duradera a través de una mejoría de sus oportunidades laborales está asociada al acceso a la educación superior, y a la posibilidad de que se mantengan hasta la conclusión del ciclo. Para avanzar hacia un sistema educativo más equitativo no se requiere limitar el gasto público en educación terciaria. Por el contrario, es necesario ampliar el acceso de jóvenes de hogares de ingresos bajos, identificando formas alternativas de financiamiento al gasto privado, que garanticen gratuidad a quienes no pueden pagar, mediante subsidios cruzados, becas según sus posibilidades de pago, horarios flexibles de clases con módulos vespertinos y una adecuada composición público y privada de la oferta.

Universidades y empresas podría redundar en el fortalecimiento de la formación y actualización de docentes, en particular de capacidades científicas y tecnológicas, en la difusión y aplicación práctica de los resultados de la investigación de base y en la promoción de fuentes de financiación alternativa. Desde el punto de vista empresarial, un contacto más estrecho con las universidades puede contribuir a la resolución de problemas específicos de la estructura productiva, a contar con una actividad alternativa de investigación y desarrollo, y a la aplicación de una estrategia de largo plazo para el mantenimiento y mejora de la competitividad38.