Los retos en educación para América Latina y el Caribe son múltiples y complejos. Las reformas recientes en los sistemas educativos de los países de la región plantean múltiples desafíos en cuanto al papel del Estado: a los retos “tradicionales”, como la extensión de la cobertura y el acceso, la constitución de ciclos educativos más igualitarios, o la mejoría de la enseñanza y de los resultados educativos, se suman nuevas demandas basadas en exigencias sociales y económicas propias de la sociedad del conocimiento. La respuesta de política debe tener similar característica de multiplicidad.

Ampliar la cobertura en los niveles secundario y terciario es prioritario. En las últimas dos décadas la mayoría de los países de la región ha puesto en marcha reformas en sus sistemas educativos para ampliar la cobertura y mejorar el impacto de la inversión en este sector. Entre los logros alcanzados destaca la universalización de la educación primaria. Sin embargo, América Latina y el Caribe sigue atrasada en términos de cobertura, progresión y conclusión de los ciclos educativos, en particular del secundario. La mejoría constante del sistema educativo requiere también expandir la cobertura de la educación preescolar y la jornada escolar en la educación pública.

Los sistemas educativos latinoamericanos deben ser instrumentos de igualdad y movilidad social. Uno de los principales problemas de la región es la persistencia de la segmentación entre estratos socioeconómicos en términos de acceso y rendimiento escolar. América Latina no ha logrado transformar el sistema educacional en un mecanismo para promover la movilidad intergeneracional, manteniendo un claro rezago respecto a otras regiones. Es crucial que las reformas educativas se dirijan hacia una mayor equidad. Varias iniciativas en América Latina han apuntado a reducir las persistentes desigualdades en la región en cuanto a la calidad del sistema (público/privada; rural/urbana; hombre/mujer, y minorías étnicas) y a las oportunidades de acceso al mercado laboral o de ingreso. Las herramientas que operan sobre la demanda (como los programas de transferencias condicionadas) o sobre la oferta (como la distribución de docentes calificados) han buscado generar un sistema más inclusivo.

La calidad de la educación en América Latina y el Caribe debe ser central en una agenda renovada de reformas. La región se encuentra en una situación particularmente favorable para mejorar la inversión en educación, por una buena coyuntura económica y la existencia del “bono demográfico”. A pesar del aumento del gasto público en educación en la mayoría de los países, tales esfuerzos financieros no son acompañados por avances notorios en el aprendizaje. Sin embargo, reformar los sistemas educativos es un reto que requiere no solo invertir más recursos monetarios o crear el espacio fiscal; es necesario proponer políticas definidas y con una visión de largo plazo, que logren mayor impacto y eficiencia en la aplicación de estos recursos. La priorización de las reformas es fundamental y su secuencia de aplicación debería balancear objetivos de cobertura (como infraestructura) con objetivos de calidad (gestión de docentes, escuela, organismos centrales y descentralizados, entre otros).

Para maximizar el potencial de las reformas descentralizadoras y evitar sus efectos perversos es fundamental una mejor dotación en la gestión de las instancias subnacionales y los centros educativos. Las políticas de descentralización pueden fortalecer el desempeño pero también aumentar las desigualdades. Estas externalidades derivan de la falta de comunicación entre los entes centrales y locales y de una capacidad de gestión local limitada. Ciertas intervenciones, como el diseño curricular básico, son mejor gestionadas a nivel central. Por el contrario, debe dotarse a las entidades locales de una capacidad de gestión sólida, en particular en zonas más desfavorecidas y vulnerables, a fin de elevar la eficiencia en la aplicación de políticas. Aún así, los sistemas federados continúan siendo esenciales para el funcionamiento del sistema educativo, pues generan incentivos para el desempeño y la promoción de capacidades a través del intercambio de experiencias exitosas entre escuelas.

Una población activa y bien formada en el manejo de las nuevas tecnologías es clave para sostener un desarrollo de largo plazo. La región necesita dirigir más esfuerzos hacia el fortalecimiento de la oferta de educación terciaria —universitaria y técnica—, en particular para jóvenes de menores recursos, vinculando la oferta educativa con el sector productivo. En este desafío, es importante estimular el aprendizaje, manejo y difusión de las nuevas tecnologías. Las políticas para la educación terciaria deben orientarse a aumentar la progresividad del gasto en este nivel educativo y a compensar la falta de recursos financieros y de horario a través de instrumentos como subsidios cruzados u horarios flexibles.

Los sistemas de evaluación no pueden restringirse a los establecimientos escolares. La aplicación de sistemas de evaluación nacional e internacional en los países de América Latina ha permitido dimensionar los retos de aprendizaje, explorar sus mecanismos de mejoramiento, detectar deficiencias en los sistemas educativos y cuantificar el impacto de prácticas pedagógicas o de gestión. Es esencial extender los esquemas de evaluación más allá del ámbito de la escuela e involucrar más activamente a los padres. La medición de habilidades y competencias en la población adulta permitirá tener un panorama más claro sobre las capacidades reconocidas para la inserción laboral.

Una gestión eficiente del cuerpo docente es central para mejorar el desempeño de los sistemas educativos. La profesionalización de la carrera pedagógica debe ser prioritaria en los países de la región. Mejorar las condiciones de trabajo, optimizar el sistema de contratación de nuevos docentes y ofrecer planes de carrera atractivos y flexibles puede contribuir a un impacto significativo en el desempeño. Es importante aumentar la competencia para las posiciones docentes, y mejorar los mecanismos de evaluación de profesores, tanto en su periodo inicial como durante su carrera profesoral.