El papel del Estado en la infraestructura de transporte

Uno de los principales retos de las políticas públicas en infraestructura es mejorar la coherencia y coordinación vertical y horizontal entre los actores del sector. A pesar de la nítida relación que existe entre la infraestructura y sus usuarios, es frecuente observar en América Latina un divorcio de las políticas de diseño y provisión de infraestructura con las políticas de operación y promoción del transporte. La razón de esto parece radicar, entre otros factores, en la multiplicidad o duplicidad de funciones y –en algunos casos– en la abierta competencia entre los organismos del Estado, lo que afecta la eficiencia de la intervención pública o privada propuesta. Por tanto, es fundamental que los gobiernos de América Latina y el Caribe mejoren y fortalezcan su institucionalidad, incrementando la coordinación y coherencia dentro del Estado y fortaleciendo su relación con el sector privado a través de marcos regulatorios modernos que equilibren planeamiento, evaluación, capacidad y maduración de las inversiones.

De acuerdo a los resultados de una encuesta realizada a policy-makers (responsables de dictar políticas) de la región⁵, los desafíos descritos son más relevantes que la estabilidad, la adaptabilidad y la efectividad de las políticas así como las consideraciones de interés público. En parte, estos resultados cualitativos corroboran la opinión de diferentes instituciones, actores y expertos en políticas públicas que enfatizan los problemas de coherencia, coordinación y estrategia comodal en las políticas públicas como un factor que disminuye la eficiencia y productividad de las economías (Gráfico 5.1)⁶.

Para que haya coordinación y coherencia en las políticas se requiere un marco institucional y de incentivos adecuado a la estructura de cada país. Es fundamental lograr una mejor vinculación entre los ministerios y la administración pública para elevar la coherencia y coordinación de las políticas en el sector de infraestructura. Además, es necesario que la planificación de infraestructura sea consistente con un plan de desarrollo nacional, en el que deben participar técnicos de las agencias responsables de la infraestructura, con una visión de largo plazo, independiente de los ciclos políticos y acorde con la coordinación de las políticas subnacionales.

Gráfico 5.1

La ausencia de incentivos para la cooperación y de una arquitectura institucional apropiada son los principales obstáculos para que haya una coordinación eficaz de las entidades públicas de infraestructura con el sector transporte. De acuerdo a laencuesta realizada a los policy-makers, estos aspectos son más relevantes que la falta de claridad en la asignación de responsabilidades, la competencia entre los ministerios y los compromisos políticos en materia de infraestructura. En particular, la falta de incentivos para la cooperación constituye un aspecto clave que explica los problemas en las relaciones entre los sectores del transporte, telecomunicaciones, electricidad e infraestructura social (como educación y salud). Entre los países dela región donde esteobstáculo es más relevante, y en consecuencia se requiereconferir prioridad a una política integrada de los sectores de infraestructura, destacanColombia, El Salvador, Paraguay y Perú.