En la dotación de infraestructura, incluida la de transporte, tan importante como la infraestructura física lo son las políticas de gobierno y el marco regulatorio que requieren. Junto con la coordinación de las políticas de infraestructura entre distintas agencias gubernamentales que dependen de un mismo nivel de la administración, es también necesaria una coordinación entre los distintos niveles del gobierno.

Existe un fuerte predominio del gobierno central en la planificación de las políticas de infraestructura de transporte. Los resultados de la encuesta a los policy makers encontraron ciertos fenómenos comunes a estudios de caso efectuados en otras regiones23, que si bien pueden explicarse por el tipo de infraestructura (redes primarias y ferrocarriles), también sugieren un involucramiento escaso de los gobiernos subnacionales durante el ciclo de vida del proyecto. Es por tanto necesario el fortalecimiento de la coordinación entre niveles de gobierno.

La heterogeneidad de responsabilidades en las distintas etapas del proceso de infraestructura apunta hacia la existencia de cuellos de botella que limitan la efectividad de las políticas públicas de transporte. En todos los países encuestados se registra una gran variedad de responsabilidades de los gobiernos subnacionales, que puede ir desde el diseño de políticas al seguimiento del desempeño y hasta el mantenimiento de la infraestructura. Tal es el caso del Perú, donde el gobierno subnacional tiene la obligación legal de reportar sobre el cumplimiento de la política de transporte. Sin embargo, un involucramiento parcial limita la efectividad de estas acciones conjuntas.

Asignar claramente las responsabilidades de cada nivel de gobierno permite lograr una mayor coordinación. En Brasil, por ejemplo, el Programa de Aceleración del Crecimiento, un vasto plan de infraestructura que se encuentra en su segunda etapa (PAC 2), considera que el Gobierno Federal realice la selección de proyectos en consulta con los gobiernos estatales y municipales.

La definición de planes técnicos a nivel subnacional facilita la coordinación territorial de la inversión, mientras que contar con objetivos alineados en los diferentes niveles de gobierno puede producir incentivos importantes para la transferencia de recursos. En casi la mitad de los países encuestados estos planes se encuentran definidos, y habitualmente están alineados con los planes nacionales de desarrollo o inversión. De otra forma, una desvinculación de los programas de gasto público en infraestructura entre distintos niveles de la administración provocará un despilfarro de recursos, la duplicación de esfuerzos y, en el peor de los casos, prioridades encontradas.

Para aquellos países donde existen políticas subnacionales de transporte, existe evidencia de una mayor vinculación entre distintos niveles de gobierno. En los países encuestados donde estos planes existen, se advierte una mayor coordinación con el gobierno nacional, lo que se refleja en las responsabilidades compartidas en la puesta en marcha. Sin embargo, en ciertos países pequeños de la región (en especial en el Caribe y Centroamérica), disponer de planes explícitos de infraestructura de transporte a nivel subnacional no es necesariamente deseable, ya que elimina las economías de escala inherentes a los grandes proyectos de inversión. Pero incluso en esos casos, la inclusión de planes estratégicos definidos a escala subnacional en los planes nacionales de inversión posibilita una coordinación efectiva.

El carácter unitario de las finanzas públicas en varios países de la región debilita la ejecución del gasto en infraestructura a nivel subnacional, que depende en gran medida de la transferencia de recursos desde el gobierno nacional. Unido a las limitaciones en las competencias técnicas de los gobiernos subnacionales, esto provoca la imposibilidad de transferir responsabilidades debido a factores financieros, operacionales y de gestión. Tal situación permite al gobierno central concentrar la financiación de subsidios en la red de transporte terrestre.

La formulación de marcos fiscales o de inversión de mediano plazo que definan con claridad y en forma expresa las políticas que serán aplicadas en el territorio puede constituir una herramienta útil. A partir de este marco tanto los gobiernos nacionales como subnacionales podrían contar con un patrón de referencia en la conducción del gasto público. Los avances en el uso de presupuestos plurianuales, como resultado de reformas institucionales dirigidas a incrementar la efectividad del gasto público, han contribuido a generar mayor transparencia y comunicación en la formulación de estos planes.