El financiamiento continúa siendo una de las principales dificultades para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina, no obstante los avances experimentados en materia de desarrollo y profundidad financiera. Parte importante de estas empresas no logra acceso a condiciones formales de crédito debido a los altos costos de tasa de interés, elevados colaterales y complejos requerimientos técnicos y burocráticos, generados por problemas de asimetrías de información. Esto las obliga a recurrir a fondos propios o de proveedores. El problema consiste también en el tipo de acceso: las pymes que reciben financiamiento a menudo no pueden contar con instrumentos o plazos que respondan a sus necesidades. Tales limitaciones son todavía más nítidas cuando se comparan con las condiciones que enfrentan las grandes empresas, que se benefician de un mejor y mayor acceso al crédito comercial. La ausencia de acceso al crédito en condiciones equitativas se ha transformado en otra fuente de desigualdad y de heterogeneidad estructural para el sector productivo de la región, representando un importante freno para el desarrollo. 

La evolución y estructura del sistema financiero latinoamericano contribuyen a explicar, en parte, estas fallas en los mecanismos de financiamiento y acceso al crédito de las pymes. La transición en el modelo de negocios de la banca comercial desde un esquema de banca relacional a otro de banca multiservicio, debido a la introducción de métodos de riesgo crediticio únicos, basados en la capacidad de pago y no en la viabilidad del proyecto, junto con esquemas de financiamiento poco flexibles, requerimientos de colateral elevados y mayor dependencia de los bancos en la comisión sobre las operaciones (fees), han incidido negativamente en el acceso al financiamiento de las empresas de menor tamaño. Otras características del sistema financiero, como la concentración bancaria, los altos márgenes de intermediación, la extranjerización, e incluso la dolarización, también afectan los mecanismos de crédito y pueden ayudar a comprender la persistente dificultad para garantizar mayor acceso al crédito. 

Las pymes deben estar preparadas para la introducción de las nuevas regulaciones internacionales del manejo de liquidez (Basilea III), que tendrá consecuencias en el costo y accesibilidad del crédito. Mayores requerimientos de capital bancario pueden traducirse en menores niveles de crédito. En materia de regulación, la reciente experiencia de crisis en países de la OCDE ilustra la importancia de contar con un cuadro de indicadores exclusivos para las pymes, lo que permitiría a los organismos de supervisión actuar en tiempo real. Estos indicadores pueden construirse a partir de la información disponible en los entes de regulación financiera.

Debido a la persistencia del sesgo de la banca comercial hacia el financiamiento de empresas de mayor tamaño, las instituciones financieras públicas constituyen herramientas esenciales para mejorar el financiamiento de las pymes en América Latina, puesto que permiten orientar las políticas de crédito hacia estos actores. Los bancos de desarrollo son particularmente relevantes, en la medida que tengan criterios distintos en materia de rentabilidad, gestión de riesgo y fondos, lo que les permitiría jugar un papel determinante en la provisión de financiamiento contracíclico, donde no hay cobertura del sector privado, o en sectores económicamente importantes y con potencial de crecimiento.

En los últimos años se ha observado un nuevo cambio de perspectiva sobre el papel de los bancos de desarrollo en América Latina. Estos actores financieros han recobrado su importancia y en algunos países hay una transición hacia un sistema combinado de instituciones de primer y segundo piso, que ha demostrado ser beneficiosa. Sin embargo, debe garantizarse la sostenibilidad y adicionalidad financiera de estas instituciones, dotándolas de estructuras de gobernabilidad, mecanismos de control e incentivos adecuados. La elección entre un esquema de banca de desarrollo de primer o segundo piso depende del contexto del sistema financiero: es necesario considerar su nivel de desarrollo y la existencia de otros actores financieros públicos –bancas públicas y fondos de garantía–, que pueden complementar el trabajo de la banca de desarrollo en el apoyo a las pymes. En este sentido, para la generación de un ambiente financiero favorable a las empresas se requiere coordinación y complementariedad entre las instituciones financieras públicas. 

Los sistemas de garantías se han ido consolidando en los últimos años como un mecanismo efectivo de acción pública en casi todos los países de la región. Si bien se han extendido los sistemas de garantías con financiamiento público o “mixto”, estos pueden enfrentar varios problemas (morosidad, insuficiencia de recursos, plazos, etc.), lo que dificulta la relación con los bancos que otorgan los créditos. Para subsanar algunos de estos inconvenientes es necesario un trabajo conjunto con los bancos comerciales, de modo que las garantías sean aceptadas y correctamente valoradas, y que las líneas de financiamiento sean gestionadas junto con las garantías. Las garantías deben generar adicionalidad al permitir que los bancos aumenten su cartera de clientes, incorporando nuevas empresas. 

Una posible respuesta a las limitaciones de los fondos de garantía son las sociedades de garantía, donde predomina la participación privada. En la región existe una tendencia incipiente hacia la conformación de estas sociedades, aunque con todavía bajo grado de cobertura. Un caso especial son las sociedades de garantía recíproca (SGR), que buscan la autosustentabilidad financiera y estimulan un mayor involucramiento del sector privado, a través de la exención impositiva para los socios que financian los fondos de riesgo. A pesar de su carácter privado, los sistemas de garantías son un instrumento de políticas públicas que deben ser considerados al definir la institucionalidad de las políticas tendientes a promover el desarrollo productivo. En este propósito, la labor del Estado es fundamental y consiste en conjugar la autonomía (necesaria e imprescindible) de las sociedades de garantía con el marco de la política general hacia las pymes. 

Gracias a la presencia de instituciones públicas como los bancos de desarrollo y agencias de fomento, se está promoviendo en la región el desarrollo de un sistema financiero capaz de responder a las necesidades del universo productivo en toda su heterogeneidad, mediante la incorporación de instrumentos novedosos y específicos para las empresas de menor tamaño. Destacan algunos ejemplos exitosos de estos mecanismos, como el desarrollo de instrumentos en línea, el arriendo con opción de compra, el factoraje, los sistemas de garantías, las incubadoras, las iniciativas de capital semilla y el desarrollo de mercados de capital de riesgo. En particular, la difusión de Internet ha permitido el desarrollo de nuevos instrumentos en línea, que a menudo han representado importantes avances en la agilización y velocidad de los procesos de otorgamiento de créditos y otros servicios financieros. 

Como uno de los principales obstáculos para el acceso al crédito de las pymes en América Latina son los problemas de asimetría y falta de información, se está multiplicando la oferta de instrumentos para brindar un paquete de servicios empresariales más amplio que el solo crédito y facilitar el conocimiento sobre los instrumentos financieros disponibles para las empresas de menor tamaño. Las políticas públicas pueden jugar un papel protagónico al respecto, si favorecen el encuentro entre oferta y demanda y si logran capacitar en formación jurídica y financiera a las empresas y la banca minorista. Por esta razón es necesario que la asistencia financiera a las pymes sea acompañada por políticas de asistencia técnica.

La flexibilidad de las políticas públicas para estimular fondos de capital privado es fundamental. En el caso de las empresas innovadoras nacientes o de base tecnológica, la intervención pública es importante para fomentar su inclusión, dado que estas empresas son muy dinámicas y pueden generar externalidades positivas a través de la innovación, la productividad y el empleo. Una estrategia de apoyo financiero debe ofrecer alternativas para las diferentes etapas empresariales, asignando recursos en la fase de arranque y en los primeros años de desarrollo de la empresa. El apoyo inicial es clave, favoreciendo por ejemplo la incubación de empresas, la creación de capital semilla o la participación de inversionistas ángeles antes que inversores de venture capital, que habitualmente se concentran en etapas más avanzadas del ciclo. Debido al escaso desarrollo de estos mecanismos de apoyo en América Latina, es necesario establecer incentivos adecuados para fomentar una mayor participación del capital privado, por ejemplo, a través de desgravación fiscal para los inversionistas. 

Además de la creación de instrumentos novedosos y del fortalecimiento de la institucionalidad, también es primordial la introducción de mecanismos de seguimiento y evaluación de impacto. La evaluación debe incluir el seguimiento de la cobertura de los programas y el efecto que estos pueden ejercer en adicionalidad, objetivos de desarrollo (productividad y empleo), papel catalizador (atraer al sector financiero) y transferencia de conocimiento, entre otros factores.

Aunque los instrumentos y servicios de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas han aumentado en los últimos años, todavía están en una etapa incipiente de desarrollo y llegan a una fracción reducida del sector. En la región existen amplios márgenes para el desarrollo de una oferta de productos financieros diversificada, que considere la heterogeneidad y las especificidades del universo productivo. Las políticas públicas están llamadas a desempeñar un papel fundamental mediante la generación de los incentivos e instrumentos necesarios. El diseño y aplicación de las políticas requiere herramientas de apoyo a las empresas en sus distintas etapas, así como la provisión de servicios para el mejoramiento de la gestión empresarial, la capacitación y asesoría técnica.

Finalmente, los sistemas de financiamiento y acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas no pueden definirse de forma aislada. Estos son parte de un sistema integral de apoyo a las empresas de menor tamaño, donde también el sustento a la capacitación, la articulación productiva y la innovación son elementos críticos.