Evolución del sistema financiero en América Latina: la brecha de financiamiento.

El sistema financiero en América Latina ha experimentado cambios importantes en las dos décadas recientes. A partir de los años noventa en la región entraron en vigor reformas orientadas a la liberalización financiera, que llevaron a un involucramiento más moderado del Estado y una mayor participación del sector privado; en particular, hubo un aumento de la extranjerización y la concentración bancaria. Esta última ha aumentado sustancialmente en la última década, con un incremento en el promedio de activos de los tres bancos más grandes desde 51% en 2000 a 71% en 2009. Esto se ha traducido en la creciente importancia de los bancos grandes en la región, junto con una transición del modelo de negocio de banca relacional a banca multiservicio. La participación de la banca extranjera ha crecido progresivamente en América Latina en términos de activos hasta llegar a 31%, una de las más altas del mundo7, por encima de Asia del Sur (8%) y la OCDE (12%), pero cercana a las de África Subsahariana (28%) y Europa del Este (28%) (Claessens y van Horen, 2012). Sin embargo, en materia de propiedad bancaria existe una pronunciada heterogeneidad en la región: en los países de América Central y el Caribe se alcanzan tasas de casi 100% de activos extranjeros.

Los cambios ocurridos en el sistema bancario latinoamericano afectaron los mecanismos de financiamiento a las pymes. El aumento de bancos de mayor tamaño y con un modelo de negocios multiservicio fue acompañado por la idea de que éstos, a diferencia de los bancos más pequeños y con un modelo de negocio más relacional, prestan menos recursos a las pymes, puesto que no estarían interesados en interactuar con este segmento por los problemas de información, altos costos fijos para transacciones de montos relativamente pequeños, y la imposibilidad de aprovechar las economías de escala derivadas de los procesos de préstamos a grandes empresas. No obstante, en los últimos años los bancos grandes han mostrado en la región un interés creciente en ofrecer servicios a las pymes, aunque su oferta resulta todavía insuficiente (gráfico 3.3.) (Torre, De la, Martínez Pería y Schmukler, 2010).

Varios estudios sobre la participación de la banca extranjera en América Latina han examinado su impacto sobre la eficiencia y competencia del sector bancario, la estabilidad, la importación de shocks externos y el crédito a las pymes. En general, señalan que estos bancos son operacionalmente más eficientes que los bancos nacionales, con márgenes de intereses más bajos y costos generales inferiores (Levy-Yeyati y Micco, 2007). Además, varios estudios no han encontrado una diferencia significativa en los préstamos hacia las pymes de bancos extranjeros y grandes bancos domésticos y públicos (Torre, De la et al., 2010; Beck et al., 2011). Sin embargo, la evidencia en cuanto a la relación de la banca extranjera y el financiamiento de las pymes es mixta, o al menos no tan positivamente relacionada con el crédito a este segmento de empresas. Los bancos extranjeros parecen presentar más dificultades en prestar a empresas pequeñas en ausencia de información clara para demostrar su solvencia, y cuando lo hacen, prefieren dirigir el crédito hacia empresas de mayor tamaño y en el corto plazo (Berger et al., 2001; Mian, 2006 y Ferraro, 2011). Mientras que la presencia de la banca extranjera contribuyó a la estabilidad en las crisis de fines de los años noventa, el volumen de crédito de los bancos extranjeros se redujo de manera pronunciada durante la crisis financiera de 2008, aumentando el riesgo de importar shocks desde los países desarrollados (Cetorelli y Goldberg, 2011; Gianetti y Laeven, 2012).

A pesar de sus avances notorios de los últimos años, el modelo de crédito latinoamericano para las pymes todavía presenta retos tanto en la oferta como en la demanda de financiamiento. Desde el punto de vista de la oferta, el modelo de banca multiservicio actual, con métodos basados exclusivamente en la solvencia de la empresa y no en su proyección de rentabilidad, ha generado una evaluación y medición inflexible del riesgo, incobrabilidad de las instituciones financieras (debido a la escasa información y transparencia de los balances contables), menores economías de escala (por los costos fijos de operaciones de bajo monto) y problemas en los métodos de selección, segmentando el mercado de crédito. Desde el punto de vista de la demanda, el acceso al financiamiento para las pymes sigue limitado por varias barreras; por ejemplo, la dificultad en llenar los requisitos técnicos para acceder a los préstamos, los requerimientos de garantías y las altas tasas de interés. Las características de la oferta y demanda de financiamiento hacen que, por un lado, los bancos comerciales tiendan a ofrecer poco crédito a las pymes, y por otro, que las pymes se vean obligadas a recurrir a una alta utilización del autofinanciamiento y de recursos de proveedores. Por ello, aunque hay disponibilidad de crédito, su acceso es complejo por los requerimientos burocráticos (como los de balance, que las pymes suelen tener incompleto) o de garantía. Para eliminar estas barreras es clave el papel de las instituciones financieras y los mecanismos de financiamiento en el objetivo de favorecer el acceso al crédito de las pymes a través de instrumentos específicos y de asistencia en materia de postulación y de gestión de un préstamo.

Entendida como el endeudamiento en dólares, la dolarización ha desempeñado también un papel en el financiamiento empresarial en la región, en particular para empresas medianas. La dolarización en América Latina aumentó en los años noventa como consecuencia de las altas tasas de inflación y los pronunciados diferenciales de tasas de interés (Rennhack y Nozaki, 2006; Fernández-Arias et al., 2006). Aunque la estabilidad macroeconómica y la introducción de cambios flotantes condujeron a una disminución del endeudamiento en moneda extranjera, una franja importante de empresas, con frecuencia vinculadas al sector exportador, continuó apoyándose en esta forma de financiación (Zettelmayer et al., 2010). En el Perú y Bolivia (Estado Plurinacional de), la dolarización del crédito para pequeñas empresas alcanzó en la década pasada niveles cercanos a 30% y 50%, respectivamente (García-Escribano y Sosa, 2011). Además de un costo de capital inferior, los préstamos en moneda extranjera tienden a contar con vencimientos más largos, lo que favorece inversiones de mediano y largo plazo. La madurez superior de los préstamos tornó este mecanismo más relevante para un sector de empresas medianas, como refleja la mayor proporción de crédito extranjero para empresas manufactureras y de turismo en varios países de la región (Bodnár, 2009). Aunque representa una alternativa de crédito, el endeudamiento en moneda extranjera pudo minar el desarrollo doméstico de otro tipo de instrumentos para empresas medianas. Dado que numerosas empresas medianas con acceso a crédito foráneo carecen de infraestructura financiera para operaciones de cobertura de riesgo de cambio, la dolarización ha inducido también un mayor riesgo cambiario para las empresas que utilizan este mecanismo.

Aunque la dolarización representa una alternativa de crédito y alcanzó niveles cercanos a 30% y 50% en algunos paises, la carencia de una infraestructura financiera para operaciones de cobertura de riesgo ha inducido un mayor riesgo cambiario para las pymes.

La regulación financiera internacional ha sobresalido como un posible elemento explicativo del relativo desinterés del sector bancario por las pymes (OCDE, 2012a). Aunque la aplicación de Basilea II9 en la región es aún incompleta, sus efectos requieren ser evaluados, en especial en lo relativo a las prácticas crediticias para las empresas. La puesta en vigor gradual y tardía de Basilea II en América Latina se ha concentrado particularmente en las adecuaciones de capital  (Torre, De la et al., 2012). Al requerir mayores provisiones, el capital disponible para el crédito (personal o corporativo) pudo haberse reducido en algunos segmentos de la banca comercial. Sin embargo, episodios de crisis financieras anteriores han dotado a los países en la región de regulaciones nacionales para enfrentar los problemas de riesgo crediticio; en varios de estos casos, más que la regulación internacional, las restricciones nacionales han tendido a perjudicar el crédito para las pymes. 

Las nuevas regulaciones para el manejo de liquidez, enmarcadas bajo Basilea III y emitidas en 2009 en respuesta a la crisis económica internacional, buscan fortalecer algunas medidas clave para evitar los problemas de liquidez manifiestos durante la crisis, en particular aquellos relacionados con los requerimientos de capital10. La nueva regulación puede generar dos efectos opuestos sobre el crédito a las pymes: incrementar los requerimientos de liquidez para el sector bancario y reclasificar los préstamos a la pequeña empresa con un nivel de riesgo menor. Como en otros episodios de crisis, los mayores requerimientos de capital pueden inducir un racionamiento del crédito comercial o un sobrecosto de financiación para las pymes (OCDE, 2012a; Elliot, 2010). Por otra parte, la clasificación de los préstamos a las pymes como banca minorista podría permitir a las instituciones financieras reducir el riesgo adjudicado a este sector. Este enfoque, a diferencia de una clasificación de préstamo corporativo, permite disminuir la prima de riesgo cargada a pequeñas empresas. El efecto neto sobre las pymes en los próximos años dependerá de estos dos factores, después que la regulación sea implementada.

El uso de esquemas de garantías de crédito, en la medida que las pymes puedan utilizar como colateral activos de bajo riesgo (financieros y no financieros), contribuye a disminuir la evaluación del riesgo y, por tanto, puede facilitar la provisión de crédito a estas empresas. La normativa en Basilea III permite al utilizar garantías que se pueda disminuir la ponderación de riesgo de las empresas y, en consecuencia, el capital de reserva requerido. Este puede ser uno de los cambios más significativos para el financiamiento a las pymes, ya que introduce un incentivo a la participación de las instituciones financieras en este tipo de esquemas. Las normativas nacionales pueden complementar estos esquemas, permitiendo la utilización de activos móviles (por ejemplo, maquinarias) como colateral. Estas posibilidades brindan la oportunidad de una intervención focalizada por parte del gobierno.